Por: tactica ss ✍🏼
Familiares de personas privadas de libertad del Centro de Reinserción Social Número 3 de Cadereyta Jiménez denuncian un presunto incidente ocurrido el día 30 de diciembre pasado, en el que varios internos habrían sido golpeados de gravedad y posteriormente se les habría negado la atención médica necesaria. Según los relatos de los familiares, la autoridad penitenciaria habría aplicado un «correctivo disciplinario» por presunta violación al reglamento, consistente en los golpes y posterior ingreso a una celda de castigo por un mes.
Según los relatos de los familiares, este no sería el primer caso de este tipo reportado en las cárceles del estado, quienes exigen que se respeten los marcos legales que prohíben cualquier forma de maltrato.
🪶 Marco legal que protege a los internos
La Constitución Política de Nuevo León, en su Artículo 20, fracción II, prohíbe expresamente «toda incomunicación, intimidación o tortura», sancionándola por la Ley Penal. Este precepto se suma al Artículo 22 de la Constitución Federal, que prohíbe penas crueles e inhumanas, así como a tratados internacionales como la Convención contra la Tortura, suscrita por México.
Asimismo, la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales de Nuevo León y la Ley Nacional de Ejecución Penal obligan a respetar la dignidad y la integridad física y psíquica de los internos, prohibiendo tratos crueles, castigos corporales y maltrato. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (federal) también es de aplicación directa en el estado.
📢 Llamado a las autoridades
Los familiares hacen un llamado al gobernador Samuel Garcia para que atienda personalmente el caso y asegure que se realice una investigación exhaustiva. También recuerdan a la autoridad penitenciaria su obligación de cumplir con el estado de derecho, sancionando a quienes apliquen correctivos basados en tortura física o psicológica y garantizando la atención médica necesaria a quienes lo requieran.
Táctica ss 